¿Dónde acaba la libertad de expresión y empieza la seguridad nacional? La respuesta podría consistir en una fecha, al menos en lo que se refiere a Estados Unidos: el 19 de enero del año que viene. Es una fecha, además, simbólica, porque un día más tarde -el 20- el ganador de las elecciones presidenciales jurará el cargo, que también tendrá mucho que decir -y hacer- en materia de libertad de expresión.
Pero lo que pase el 19 va a tener un efecto inmediato. Ese día, la app TikTok de la empresa china ByteDance dejará de estar disponible en Estados Unidos. Solo hay una manera de que los 170 millones de estadounidenses que tienen una cuenta de TikTok - el 50,1% de la población de la primera potencia mundial - la mantengan: que ByteDance venda su división a una empresa estadounidense. Es una opción complicada, porque parece improbable que la compañía china vaya a entregar su algoritmo, al que debe el éxito de la app, a otra empresa. Aparte, está el hecho de cómo hacer la valoración de la división estadounidense de ByteDance, que podría ser des 50.000 millones de dólares (casi 47.000 millones de euros) justo cuando la empresa está legalmente obligada a deshacerse de ella o a cerrarla, con lo que no tiene margen de maniobra en una negociación.
La gran cuestión es que, mientras TikTok, según EEUU y numerosos otros países, tiene que entregar al Partido Comunista Chino los datos que éste le pida, conforme nada menos que a la propia legislación china, también juega un papel como medio de comunicación. La empresa pública británica de televisión y radio pública BBC tiene diez canales en la plataforma, con una audiencia a finales de 2023 superior a los seis millones de cuentas; la división de informativos de la cadena estadounidense ABC (propiedad de Disney), dos, con una cantidad de usuarios similar a su competidora británica, lo mismo que CNN, con seis canales. No son solo medios audiovisuales. El Washington Post, la agencia de noticias Bloomberg, o la web Business Insider, propiedad de la alemana Axel Springer también están en TikTok. EL MUNDO, de hecho, tenía en diciembre 1,3 millones de seguidores en esa red, de acuerdo con el análisis de Francesco Zaffarano, director para redes sociales del diario británico The Daily Telegraph, que en diciembre publicó la lista de los medios de comunicación presentes en la plataforma.
Pero en TikTok hay más que medios. También están empresas y celebrities. Y gente normal -los llamados "creadores"- que cuelgan allí sus contenidos. Ese es el quid de la cuestión. Para Paul Matzko, del think tank de Washington Cato Institute, la eliminación del producto de ByteDance -en cuyo capital, paradójicamente, participan algunos de los mayores fondos de EEUU, aliados, además, de Donald Trump, que ya intentó prohibir la empresa en 2020- la liquidación de TikTok podría ser, "con diferencia", el mayor ataque a la libertad de expresión en la Historia de ese país. Cato es un think tank conservador, pero ultraliberal -lo que en EEUU se denomina "libertario"- pero la muy izquierdista Unión por las Libertades Civiles de EEUU (ACLU, según sus siglas en inglés) ha declarado prácticamente lo mismo: la expulsión de TikTok de Estados Unidos "dañará a la libertad de expresión" en el país.
Ese puede ser el argumento de ByteDance si, como parece probable, recurre a la Justicia la ley que le obliga a vender o a cerrar. "Los hechos y la Constitución están de nuestro lado", ha declarado el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew. Y ahí la empresa podría llevarse el gato al agua. El Estado deberá demostrar que TikTok viola la ley al dar información al Estado chino, lo que, por la propia naturaleza de las operaciones de espionaje, es algo que puede no querer poner encima de la mesa en n proceso judicial.
Eso lleva, al final, a cuestiones que afectan a todas las redes sociales, como el derecho a la privacidad, el uso que éstas hacen de los datos de sus usuarios y la falta de transparencia de sus algoritmos. El hecho de que la mayor beneficiaria de la eliminación de TikTok sea, en teoría, Meta -la dueña de Facebook, Instagram, y WhatsApp-, cuyo historial en materia de protección de datos ha sido objeto de durísimas críticas, es una de las paradojas del caso.
Como ha explicado el think tank Instituto para el Diálogo Estratégico (IDS) en un mensaje a EL MUNDO, "en vez de prohibir una plataforma en concreto, el Congreso debería trabajar para aprobar una ley que actuara sobre la protección de los usuarios de las redes sociales y de otros 'comercializadores de datos' que compran y venden los datos de los usuarios". ¿Libertad de expresión o seguridad nacional? La respuesta, si no lo deciden antes los tribunales, en 2025.